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Lo denunciaron ex soldados del CECIM

Verdugos de la dictadura militar y hasta un ex jefe de la ESMA cobran jugosas pensiones por Malvinas

El tema fue señalado luego de que se conoció el hallazgo de Luis Esteban Kyburg, un genocida escondido en Berlín, Alemania. Ayer lo publicamos en este medio.

por Blanco Negro

18/07/2020

Mmmmmmm

Los ex soldados que están agrupados en el CECIM La Plata difundieron un informe detallado sobre los represores que gozan de beneficios previsionales aunque hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad.

Es decir: el Estado argentino le paga pensiones a torturadores, secuestradores de bebés, violadores y asesinos. Este viernes el CECIM dio precisiones sobre “el caso Kyburg, un represor prófugo de la justicia que está incorporado al padrón de Veteranos de Guerra de Malvinas sin haber pisado las Islas y con derecho al beneficio de pensión honorifica”, según denunciaron.

El ex marino está prófugo de la justicia argentina desde 2013 y en las últimas horas fue identificado por un periódico alemán viviendo en un barrio de Berlín. El pone la lupa sobre la falta de control en el otorgamiento de las pensiones a ex combatientes de Malvinas.

El CECIM explicó que “Kyburg, de 72 años de edad, fue segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos de Mar del Plata y está prófugo desde junio de 2013 cuando el juez Inchausti ordenó la detención de 19 marinos y dos policías”.

“Está imputado por haber participado en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de Mar del Plata” y “se encuentra con un pedido de captura nacional e internacional desde el 11 de julio de 2013 en el marco de una causa por homicidio calificado en la que está siendo investigado por la comisión de delitos de lesa humanidad”, detallaron los ex soldados de la reconocida entidad platense.

“El fiscal citó que, en la causa por delitos de lesa humanidad, el magistrado penal interviniente convalidó una medida adoptada por la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se dispuso el congelamiento administrativo de bienes y dinero de Kyburg hasta tanto se presente a estar a derecho”, agregaron.

También explicaron que el genocida “posee ciudadanía alemana y el pasado viernes 17 de Julio un periódico publicó una nota donde se le realizaba una entrevista y a raíz de ello organismos de DD.HH de Alemania dieron aviso a las autoridades”.

“Luis Esteban Kyburg fue incorporado al padrón de Veteranos de Guerra por la Armada argentina que a partir del 30/09/94 por disposición del Consejo Superior de Oficiales de la Armada, transcurridos 12 años de la guerra de Malvinas, en dicha resolución incorporaron a varias dotaciones de barcos de la marina considerándolos como Veteranos de Guerra que pasaron a engrosar injustificadamente el padrón que se duplicó a partir de esa fecha”, agregaron.

En otro párrafo mencionaron: “El fugitivo se había desempeñado como teniente de navío en el destructor ARA Santísima Trinidad durante el conflicto con el Reino Unido, pero jamás piso las Islas Malvinas ni tampoco participó de ninguna acción de combate. Por tal motivo solicitó, como tantos otros cientos de represores, los beneficios que originariamente habían sido otorgados a quienes cumpliendo una carga publica, la derogada ley de servicio militar obligatorio, combatieron como soldados conscriptos en Malvinas”.

“En el año 2015 desde el CECIM La Plata denunciamos ante la Ufises, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social un extenso listado de militares represores que estaban procesados o condenados, entre los que se encontraba Kyburg, figuraban apropiadores de bebes, pilotos de los vuelos de la muerte, torturadores de los campos de exterminio y represión y los verdugos de Malvinas, todos figuran en el listado oficial del Ministerio de Defensa como Veteranos de Guerra”, aclararon.

El Fiscal Gabriel de Vedia a cargo de la Ufises detectó que Kyburg cobraba el beneficio que otorga una pensión “Honorifica” también a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban en situación de retiro o baja voluntaria que se encuentran en el padrón de Veteranos de Guerra, beneficio que fue suspendido por órdenes judiciales. La abogada de Kyburg insistió sistemáticamente para que dicho beneficio sea reanudado, en este caso no tuvo suerte.

Otros represores no tuvieron la suerte de Kyburg, a quien se le suspendió el beneficio de pensión.

Hasta la fecha perciben todos los meses sus haberes:

Mario Benjamín Menéndez, Gobernador Militar en Malvinas. Director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral (Campo de Mayo) desde octubre de 1977, Área 460. Desde diciembre de 1979 fue comandante de la Brigada de Infantería de Montaña VI (Neuquén). Subzona 52. Beneficiado con la ley de punto final. Según el informe Rattembach le atribuye responsabilidades en lo penal militar.

Italo Piaggi: En Malvinas jefe del RI 12 unidad donde existen denuncias de torturas a soldados. Desde septiembre de 1981 jefe de Área 244 Departamentos de Mercedes, Lavalle, San Roque, Bella Vista, Saladas. Mburucuyá, Concepción, Prov. de Corrientes. Según el informe Rattembach le atribuye responsabilidades en lo penal militar capítulo XII, párrafo 837, inciso d, encuadra en el artículo 750 del Código de Justicia Militar. Procesado por delitos de Lesa Humanidad.

Juan Ramón Mabragaña : En Malvinas jefe RI5 donde la justicia ya proceso a cuatro oficiales de esa unidad por torturas en Malvinas. Participó en la subzona 24 Jurisdicción: Provincia de Corrientes, implicado en el secuestro, tortura y asesinatos de 18 militantes que regresaron al país en 1980 como parte de la “contraofensiva”. Según el informe Rattembach le atribuye responsabilidades en lo penal militar capítulo XII párrafo 837. inciso b, encuadran en el artículo 737 del Código de Justicia Militar. Procesado por delitos de Lesa Humanidad.

“Estos primeros tres casos cobraron su pensión hasta el día de su fallecimiento y lo siguen percibiendo sus derechohabientes”, señalaron desde el CECIM.


La lista sigue:

Omar Parada: llamado a indagatoria por presuntos casos de torturas a soldados en Malvinas, comandante de la III Brigada de Infantería y comandante de la Agrupación Litoral en Malvinas. Desde diciembre de 1980 fue jefe de la subzona 24 jurisdicción Provincia de Corrientes, implicado en el secuestro, tortura y asesinatos de 18 militantes que regresaron al país en 1980 como parte de la “contraofensiva”. El informe Rattembach le atribuye responsabilidades en lo penal militar capítulo XII, párrafo 837, inciso a., encuadran en el Artículo 737 del Código de Justicia Militar. Procesado en la causa Operativo Independencia por la desaparición de 269 personas en distintos CCD de la provincia de Tucumán.

Ricardo Corbeta: Según los listados de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Marina, formo parte de la dotación del buque “ARA GRANVILLE”, alias “Matías” o “Biónico”. Procesado con prisión preventiva por “imposición de tormentos, en forma reiterada, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada en forma reiterada y en grado de partícipes necesarios”. Procesado en causa ESMA.

Julio Binotti: Según los listados de la Marina participo en Malvinas en el Comando de la Infantería de Marina, llego a la ESMA después de la guerra de Malvinas, a raíz de lo cual fue apresado por Gran Bretaña y luego condecorado en nuestro país. Fue jefe de los Sectores de Operaciones y de Logística del GOEA (Grupo de Operaciones Especiales de la Armada), nombre reciclado del grupo de tareas entre 1982 y 1983. Después de su llegada René Haidar sobreviviente de la masacre de Trelew, fue secuestrado, trasladado a la ESMA, torturado y desaparecido, es casi seguro que Binotti participó en el operativo. Víctor Basterra lo fotografió en 1982, vestido con uniforme de la Policía Federal. Actuó en tareas de logística y en secuestros. Beneficiado con la Ley de Punto Final. Fue denunciado por Ex – Combatientes de Corrientes por estaquear soldados en Malvinas. Según el testimonio del ex – conscripto Orlando Pascua, que ha denunciado ante el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la Jueza Lilián Herraez violaciones a los DD.HH cometidas por oficiales de las FF.AA a soldados conscriptos, comento que en Malvinas vio el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra, contó. “Lo castigaron por orden de un oficial de la Infantería de Marina, (Julio César) Binotti, por un supuesto acto de indisciplina. Lo ataron al suelo por los pies y las manos y le tiraron encima una lona, que no lo dejaba ver qué podían hacerle.” Lo tuvieron así desde la mañana hasta la media tarde, durante siete horas”. El oficial Binotti “después de la guerra siguió cumpliendo funciones en la ESMA, donde se ganó fama de torturador inclemente”.

Carlos Daviu: Implicado por la confesión del capitán Scilingo ante el juez Garzón. Daviou nunca había sido denunciado antes. Era el segundo jefe de Inteligencia de la Marina hasta finales de los años noventa. El juez Garzón pidió la captura internacional de Daviou a Interpol, el 10 de octubre de 1997. Según los listados de la Marina participo en el conflicto de Malvinas en el Comando de Operaciones Navales.

Carlos Esteban Pla: Había sido procesado por los secuestros de Rosales, Verges, Olivera, Alfonso, Correa, Chacón, Agüero, Garraza, Peyes, Montoya y Ledesma, torturo personalmente a Mirtha Rosales y es además el responsable de asesinato de Graciela Fiocchetti. Todos estos delitos fueron cometidos mientras era subjefe de la policía de la provincia de San Luis y subjefe del C.C.D. que funcionaba en la jefatura de esa policía. Condenado a prisión perpetua.

Edgardo Aroldo Otero: Desde diciembre de 1980 fue Director de la “ESMA”, por lo tanto fue responsable de los delitos que se cometieron en el mencionado C.C.D.. Por ser director de la ESMA fue el jefe del Área 1C3A, que abarcaba las jurisdicciones de las Comisarías 49 y 35 de la Capital Federal. A partir de enero de 1982, fue Jefe de Operaciones del Comando en Jefe de la Armada, por lo que tuvo responsabilidad en todo el accionar represivo realizado por personal de dicha arma. Su apodo era “Honda”. Impune por la ley de “Punto final”. citado por testimonio de Mario César Villani. Acta ante Consulado Español en Bs.As.

Daniel Polano : Imputado como integrante de grupo de tareas en CCD Campo de Mayo (El Campito o Los Tordos), Bs. As., Legajo de CONADEP 0877/2346. Fue miembro del centro de detención clandestino “El campito” o “Los tordos” que funcionaba en Campo de Mayo, se encuentra involucrado en estas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el territorio de Malvinas. De acuerdo al testimonio del ex – soldado correntino Juan Carlos Gómez: “Polano era el jefe de compañía. Estaba malo (sic) y llamó a la formación por algo que no saben. A todos los llamó incluso a los oficiales. Me preguntó por qué me reía, – no mi capitán yo no me reí, y me volvió a preguntar y – yo no me reí-. Entonces me dijo – usted es loco -, -no mi capitán no soy loco -. Entonces vamos a tener que dar el ejemplo, estaquéenlo, dice…Al sargento primero Álvarez, que era el más antiguo. Y Álvarez…me dijo acuéstese soldado y me estaqueó”. Polano participó según una investigación de Horacio Verbitsky en los atentados a la filial La Plata de la AMIA , y a la Facultad de Ingeniería de esa ciudad en 1970, datos que se desprenden de un expediente militar secreto que el periodista hizo público en 1996. Posteriormente fue indultado por el presidente Carlos Menem por los alzamientos “carapintadas”.

Enrique Stel: Imputado en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca un ex centro clandestino perteneciente al quinto cuerpo del Ejército, Stel era Jefe de Sección de la Compañía Combate “My Keller”, y fue acusado por haber planificado y consumado los secuestros, seguidos de tortura, en perjuicio de 51 víctimas.


“Estos casos son solo un ejemplo, según los registros del CECIM La Plata hay cientos de represores honoríficos que mantienen los beneficios otorgados por la pensión nacional que administra la ANSES como así también la otorgada por el Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires, IPS. La falta de controles y revisiones periódicas en el otorgamiento de los beneficios producen un mecanismo de impunidad ya que las normas establecen que no pueden ser beneficiarios quienes fuesen condenados o procesado por violaciones a los DD.HH”, señalaron los integrantes de la entidad.

Por último, expresaron: “El caso de Kyburg no lleva a reclamar una y otra vez la revisión necesaria de los beneficios que se otorgan de pensiones ‘honorificas’, la batalla por la memoria, es una batalla que exige una tarea cotidiana, como sociedad debemos entender y aprender de los errores propios, y castigar a quienes nos llevaron como en nuestro caso, al horror de la guerra para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables y no sean protegidos por el manto de impunidad”.


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